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Fabio Andres Montoya

31 de octubre de 2019 

En los albores de la Ruta N se vislumbró la velocidad y la diversidad de oportunidades que nos traía la economía del conocimiento y su impacto en los negocios. Todas las industrias desafiadas por nuevas tecnologías y modelos de negocios. Por ejemplo, el blockchain apenas está mostrando algunas de sus aplicaciones, ¿se imaginan, una vez la Libra de Facebook estará en completa operación, las implicaciones que tendrán para los sistemas financieros tradicionales? ¿Todo lo que está cambiando el comercio con los microempresarios a través de las redes sociales?

Desde ese momento veíamos como estas innovaciones iban a una velocidad más rápida que la regulación, lo que es un desafío para los empresarios y para los hacedores de política pública. ¿Pero qué la regulación no vaya a la misma velocidad nos da licencia para no cumplirla o tratar de medio acomodarnos en sus zonas grises?

Miremos el caso de las plataformas que tienen como base en su modelo de negocio una red de «aliados de servicio» que tienen cierto tipo de tareas, mediando entre ellos contratos más de puntaje de mandato laboral, en los que las plataformas actúan como intermediarios entre el usuario final y el «aliado de servicio». Uno de los requisitos para que estas plataformas sean viables es tener una amplia red de «aliados de servicio» con quienes atender la demanda. Vemos que están creando oportunidades de empleo a personas que antes estaban cesadas o tenían una remuneración menor; así mismo, dan oportunidades de empleo a los inmigrantes.

De otra parte, estos «aliados» en la mayoría de los casos no están cobijados por el sistema laboral, generando así una precarización del trabajo. Se podría inferir que algunas de estas plataformas basan su modelo de negocio en el omitir unos costos que cualquier negocio de dimensiones dimensiones podríamos considerar. Una solución, sería que las plataformas les exigieran a sus aliados que para poder trabajar con ellos deben certificar el pago de la seguridad social, pero esto cambiaría el racional de los ingresos de sus aliados, lo que podría desmotivar su vinculación a la plataforma; Otra alternativa sería que las plataformas mismas pagaran los costos de la seguridad social, lo que conllevaría un servicio más costoso (además de lo que implica el manejo laboral) para el cliente final lo que podría disminuir la demanda. Cualquiera de los dos casos afectaría a los planos de negocios de las plataformas y sus inversionistas. Otra opción es que le proporcione información al cliente de cualesquiera aliados aportados a la seguridad social por cuenta propia, aquí ya seríamos los usuarios que tomamos la decisión.

Sea cual sea sea el camino, debemos vernos en un momento histórico, donde como sociedad queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (el objetivo 8 habla de trabajo decente), donde muchas de estas plataformas ya son o están camino a ser «unicornios» y cuentan con inversionistas extranjeros sofisticados; esto nos exige no contentarnos simplemente con tener negocios innovadores y disruptivos, debemos propender por elevar los éticos para que los negocios cumplan con los pisos legales; empresas que se entienden profundamente sostenibles en sus relaciones con sus empleados, aliados, clientes, inversionistas, el estado, la sociedad y el medio ambiente.

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